La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la libertad para Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, líder del grupo FARC, quien estaba recluido en una prisión en Bogotá desde abril del año pasado y quien es pedido en extradición por Estados Unidos tras ser capturado el 9 de abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a ese país tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Según la JEP no existen pruebas que permitan evaluar la conducta del excomandante guerillero «ni establecer la fecha precisa de su realización» después del Acuerdo de Paz.
La garantía de no extradición es un condicionamiento especial para los exmilitantes de las Farc que se acogieron al proceso de paz por delitos cometidos antes del 1º de diciembre de 2016. Por este motivo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación la libertad de Santrich.
Tras el fallo, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, presentó su renuncia irrevocable y manifestó: «Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto», señaló el fiscal.
Ante este panorama nacional surge las preguntas: ¿hay crisis judicial y política en el país? ¿Está en peligro el Acuerdo de Paz logrado entre Gobierno y guerrilla?